EL CAMPO ELIGE
SEGUIR HACIENDO
Mucho
hemos ganado en esta última década. La consolidación del proceso de unidad latinoamericana,
expresado en el MERCOSUR, la UNASUR, la CELAC, constituyen herramientas de integración, construcción y defensa
de la Patria Grande, dando impulsos significativos en lo que hace a la
agricultura familiar con políticas comunes
para avanzar en su desarrollo.
Los derechos a la
jubilación, la obra social y la
posibilidad de estar registrados de los pequeños productores, vinieron de la
mano del Monotributo Social Agropecuario y el
Registro Nacional de la Agricultura Familiar, política que reconoce y da entidad
productiva a las 250.000 familias rurales que eran anónimos trabajadores de la
producción de alimentos del país.
Se
creó el RENATEA (Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios) que registra y fiscaliza el pleno
respeto a la nueva Ley del Estatuto del Peón Rural, que igualo derechos
laborales y que se propone evitar el
trabajo agrario no registrado y de explotación laboral, dolorosas injusticias que inescrupulosos empresarios o
inversionistas todavía practican incluso
con menores en situación de absoluta desprotección.
La ley de Protección al Dominio Nacional
sobre la tenencia, dominio y propiedad de las tierras rurales puso límite a la extranjerización de las tierras
rurales, puso un límite a la venta de tierras a extranjeros, empresas
o particulares, resguardando de esta forma la soberanía territorial, que no tenia ningún limite para
su venta hasta hace tres años. Se creó
el Registro Nacional de Tierras Rurales, que tiene como misión la protección al dominio
nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.
Cuando
Néstor Kirchner llegó al Gobierno, existían
14 millones de hectáreas hipotecadas en el campo. La recuperación sostenida en
el sector agropecuario ha permitido que desde que llegaron Néstor y Cristina nunca más se remató ni una hectárea
de tierra en la República Argentina.
Se jerarquizaron áreas gubernamentales como el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca y su refuerzo presupuestario, así como el de
los organismos descentralizados dependientes de él. Se restituyeron organismos
como el Instituto Nacional de Semillas y se reforzó el Programa de Servicios
Agrícolas (PROSAP) con nuevos préstamos del BID. Se dio mayor calidad a las
instituciones, informatizando y regionalizando el SENASA.
Se mejoraron las condiciones de los trabajadores de los organismos vinculados
a la producción. El INTA pasó de tener una planta constituida por 52% de
personal contratado a tener la mayoría de su personal en planta, creándose
nuevos centros de tecnología y aumentando 10 veces su presupuesto. Se creó y se
puso en marcha la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, donde casi
la totalidad del personal mejoraron las condiciones laborales y contractuales ,
terminando con los contratos chatarra de la década neoliberal y mejorando sustancialmente la estabilidad,
la cobertura social y previsional y el ejercicio pleno de sus derechos
laborales.
En nuestra provincia
se reivindicó la Agricultura Familiar e impulsó su desarrollo y
fortalecimiento, con la sanción de la
ley de Consorcios de Servicios Rurales que
permite que 13.650 productores familiares se encuentren organizados en
86 consorcios de Servicios Rurales y se sancionó
recientemente la creación del Instituto
de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar.
La corrupción
enquistada en el Instituto de Colonización que hizo de la tierra publica un
negocio para los amigos en gestiones anteriores, fue puesta en juicio. Se condenó
a tres
funcionarios rozistas del Instituto de Colonización a 3 años de prisión en
suspenso por “estafa al Estado, violación de deberes de funcionario público y
negociación incompatible con la función pública".
Mucho
queda por seguir avanzando: Garantizar el derecho a la alimentación de toda la
población y la seguridad alimentaria tanto en calidad, cantidad, precio y
variedad; democratizar el acceso a la tierra para su utilización productiva y
en defensa de la soberanía; manejo, conservación y acceso a los recursos
naturales nacionales; preservar el medio ambiente para las generaciones futuras
y reivindicar la activa participación del Estado para el logro de esos fines.
Necesitamos leyes que pongan freno a los desalojos de las familias
campesinas; necesitamos una Ley de
Asignación Universal por Arraigo, para quienes quieren permanecer y para quienes
quieren volver al campo; una nueva Ley de Tierras que suspenda el actual
proceso de privatización de las tierras públicas, manteniendo lo que queda en
manos del Estado a fin de destinar a los pequeños y medianos productores, a sus
hijos y habitantes urbanos que quieran volver al campo; una Ley de Servicios
Ambientales Urbanos y Rurales que graven progresivamente el daño ambiental e
incentivos a quienes generan producciones orgánicas, agroecológicas y servicios
no contaminantes; una Ley de Promoción del Abastecimiento Local Agroalimentario,
delimitando la región periurbana que tendrá la función de abastecimiento local,
actuará como zona de resguardo ambiental y de servicios sociales periurbanos;
favoreciendo a los que emprenden producciones y servicios agroalimentarios;
entre otras leyes necesarias y urgentes.
Profundizar el
Proyecto Nacional tanto a nivel provincial como nacional exige leyes
específicas, y para ello necesitamos legisladores comprometidos con el proyecto
nacional, popular y democrático; para seguir construyendo un gran país para todos, con compromiso
militante para sumar, aportar iniciativas,
para seguir construyendo un país
mejor, un país más justo, un país más soberano, un país más equitativo, un país
más igualitario, junto a todos los países hermanos de América Latina.
CORRIENTE AGRARIA NACIONAL
Y POPULAR - CHACO
EL 27 TODOS Y TODAS CON EL
FRENTE PARA LA VICTORIA
